De la risa a la clausura: El anuncio de Domino’s en San Luis Potosí y la controversia municipal

De la risa a la clausura: El anuncio de Domino’s en San Luis Potosí y la controversia municipal

Una ingeniosa campaña publicitaria de Domino’s Pizza en San Luis Potosí, que se viralizó rápidamente en redes sociales por su tono directo y humorístico sobre los baches de la ciudad, ha terminado en controversia. Lo que inició como una estrategia creativa, generando miles de reacciones y memes, dio un giro inesperado cuando inspectores del Ayuntamiento de San Luis Potosí clausuraron al menos una sucursal de la pizzería, según documentó La Silla Rota.

Poco después de que el mensaje publicitario se hiciera viral, se realizaron operativos sorpresa en varios establecimientos de comida rápida, incluyendo algunas sucursales de Domino’s. Como resultado, una de ellas, ubicada en Villa Magna, fue clausurada. Aunque en redes sociales no tardaron en surgir especulaciones que vinculaban el cierre con una presunta represalia por el audaz anuncio sobre el estado de las calles, el Ayuntamiento negó rotundamente cualquier relación entre ambos hechos.

La Dirección de Comercio Municipal, bajo la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos, explicó que la clausura se debió a que la sucursal operaba sin licencias vigentes. Según la dependencia, esta medida forma parte de un programa de regularización comercial que ha llevado al cierre de entre 30 y 40 negocios en las últimas semanas por incumplimientos similares. A pesar de la explicación oficial, la notable coincidencia entre la viralización de la campaña y el operativo generó suspicacias tanto entre la ciudadanía como en redes sociales, donde muchos cuestionaron si la acción del Ayuntamiento fue una reacción encubierta al contenido crítico del anuncio de Domino’s.

La situación ha desatado un debate: mientras algunos aplauden la creatividad de la campaña publicitaria, otros critican la posible censura velada detrás de la clausura. Los usuarios están divididos entre quienes creen que el cierre fue una represalia —a pesar de la falta de evidencia oficial— y quienes defienden el derecho del Ayuntamiento a actuar si la sucursal realmente operaba sin los permisos correspondientes.

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