El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado al Congreso de la Unión una iniciativa que busca elevar drásticamente los aranceles a las importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio. La medida, parte del Paquete Económico 2026, tiene el objetivo declarado de proteger y fortalecer la industria nacional en sectores estratégicos. La propuesta eleva los impuestos de importación para más de 1,400 categorías de productos, con una tasa arancelaria que podría alcanzar hasta el 50%, un aumento significativo para bienes como autos ligeros, autopartes, textiles, acero, calzado, plásticos y electrodomésticos.
La respuesta oficial de China no se hizo esperar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, declaró que Beijing se opone firmemente a esta medida. En una rueda de prensa, calificó la propuesta como un acto de “coerción”, una terminología que refleja el descontento diplomático. China, que se ha posicionado como el mayor exportador a México sin un tratado comercial, argumenta que la medida “socava los derechos e intereses legítimos de China” e impone restricciones comerciales bajo pretextos injustificados.
La Cámara de Comercio y Tecnología México-China (ChinaCham), que representa a las empresas chinas en el país, expresó su “profunda preocupación” y pidió al gobierno mexicano que reconsidere la medida, advirtiendo sobre sus graves consecuencias económicas:
- Impacto inflacionario: Un arancel del 35-50% sobre bienes de consumo como textiles y electrodomésticos podría generar un “impacto inflacionario sin precedentes” para las familias mexicanas.
- Golpe a la electromovilidad: Un arancel del 50% a los autos eléctricos encarecería más de 100 modelos de vehículos eléctricos e híbridos, lo que frenaría la transición hacia la movilidad sostenible en México.
- Disrupción de cadenas globales: Las cadenas de suministro son globales y no solo afectan a marcas chinas. Fabricantes como General Motors, Ford, Kia y Chrysler que ensamblan en China para el mercado mexicano se verían afectados, dañando la integración industrial.
- Inversión y empleo en riesgo: Se han citado estudios que alertan sobre la posibilidad de perder 60 mil millones de pesos en inversiones y 32 mil empleos directos relacionados con la venta de vehículos importados.
La Cámara se ha mostrado abierta al diálogo, buscando un enfoque más “gradual y equitativo” que permita al gobierno alcanzar sus objetivos sin generar efectos desproporcionados en los consumidores e industrias.
