By La Fiscalía de Estados Unidos solicitó imponer cadena perpetua y ordenar el decomiso de 15 mil millones de dólares contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en lo que podría convertirse en el mayor golpe financiero impuesto a un líder del narcotráfico mexicano.
La petición fue presentada el 13 de julio de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y forma parte del proceso de sentencia contra el histórico capo, quien se declaró culpable en 2025 de diversos delitos relacionados con el crimen organizado.
De ser aprobada por el juez, la resolución marcaría un precedente en la estrategia de Estados Unidos para desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales transnacionales.
Un decomiso superior al impuesto a “El Chapo”
La cantidad solicitada por la Fiscalía supera incluso el decomiso ordenado contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a entregar 12 mil 600 millones de dólares tras su juicio en Estados Unidos.
De acuerdo con los fiscales, el monto reclamado refleja las ganancias presuntamente obtenidas por el Cártel de Sinaloa durante décadas mediante el tráfico internacional de cocaína, fentanilo y otras drogas, así como el impacto económico que estas actividades tuvieron en territorio estadounidense.
Según documentos judiciales, Zambada reconoció haber coordinado el envío de al menos dos millones de kilogramos de cocaína entre 1980 y 2020, información que forma parte del acuerdo de culpabilidad firmado en agosto de 2025 y que sustenta la solicitud del decomiso.
Los delitos que podrían llevarlo a prisión de por vida
Tras su captura en julio de 2024, Ismael Zambada enfrenta cargos por dirigir una empresa criminal continua y por violaciones a la Ley RICO, legislación utilizada en Estados Unidos para procesar a organizaciones delictivas.
La Fiscalía lo describe como uno de los narcotraficantes más influyentes y poderosos de las últimas décadas, además de atribuirle el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios, policías y militares para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses también lo vinculan con actos de violencia y otros delitos presuntamente cometidos para mantener el control de la organización criminal.
La defensa solicita atención médica especializada
A sus 78 años, la defensa de “El Mayo”, encabezada por el abogado Frank A. Pérez, solicitó que, en caso de recibir cadena perpetua, cumpla su condena en un hospital penitenciario o en un centro con atención médica especializada debido a su estado de salud.
No obstante, la Fiscalía rechazó esa petición al argumentar que el acusado aún podría mantener influencia sobre integrantes activos del Cártel de Sinaloa, incluidos familiares que continúan vinculados con la organización.
Por ello, pidió que permanezca recluido en una prisión federal de máxima seguridad. La decisión final sobre el centro penitenciario corresponderá al Buró Federal de Prisiones.
Un caso que mantiene tensiones entre México y Estados Unidos
Además del proceso judicial, la captura de Ismael Zambada continúa generando repercusiones diplomáticas entre ambos países.
El narcotraficante ha sostenido que fue víctima de un presunto secuestro organizado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, versión que dio pie a cuestionamientos por parte del Gobierno de México sobre la forma en que ocurrió su traslado a territorio estadounidense.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación para esclarecer si durante el operativo se vulneró la soberanía nacional.
Por su parte, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha negado que agencias estadounidenses hayan participado directamente en la captura.
La sentencia se conocerá el 20 de julio
La audiencia de sentencia está prevista para el 20 de julio de 2026, cuando el juez Brian M. Cogan determinará si concede la solicitud de la Fiscalía.
De aprobarse tanto la cadena perpetua como el decomiso de 15 mil millones de dólares, el caso de Ismael “El Mayo” Zambada se convertiría en el mayor precedente económico y judicial contra un líder del narcotráfico mexicano en la historia de Estados Unidos.
