El plan del presidente de Argentina, Javier Milei, para privatizar el sistema ferroviario de carga enfrenta resistencias clave, entre ellas la del empresario mexicano Germán Larrea, quien ha cuestionado el modelo propuesto por el gobierno argentino.
La iniciativa busca atraer miles de millones de dólares en inversión privada para modernizar una red ferroviaria deteriorada, considerada estratégica para el transporte de granos y minerales hacia los puertos de exportación. Sin embargo, el esquema planteado ha generado dudas entre inversionistas y especialistas del sector.
Uno de los principales puntos de conflicto es el diseño de la licitación. El gobierno plantea dividir el sistema estatal en múltiples subastas bajo un modelo de acceso abierto, lo que permitiría que distintos operadores utilicen la misma infraestructura. Esta propuesta difiere del modelo tradicional de integración vertical utilizado en países como México, Estados Unidos y Brasil.
Desde Grupo México, uno de los posibles participantes, se ha advertido que el esquema actual podría limitar su participación. “Si no modifican radicalmente su estrategia de licitación, no participaremos”, señaló su director general, subrayando la relevancia del ferrocarril como eje económico.
El desafío no es menor. Argentina ya experimentó un proceso de privatización ferroviaria en la década de 1990 que terminó en fracaso, debido a la falta de inversión y el abandono de rutas no rentables, lo que dejó comunidades aisladas y llevó posteriormente a la renacionalización del sistema.
Actualmente, el país cuenta con cerca de 14 mil kilómetros de vías, aunque solo 7 mil 600 están operativas, lo que refleja el deterioro de la infraestructura. La modernización del sistema podría reducir costos logísticos y potenciar las exportaciones, pero el éxito dependerá del modelo de implementación y del interés de los grandes actores del sector.
El gobierno argentino, respaldado por funcionarios como el ministro Federico Sturzenegger, defiende el esquema de acceso abierto como una vía para fomentar la competencia. No obstante, el proceso pone a prueba la capacidad de la administración de Milei para atraer inversión y ejecutar una reforma estructural en un contexto económico complejo.
